Adquisiciones
Algunas valoraciones sobre declaraciones públicas recientes relativas a violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura.
En los últimos días han sido difundidas, por algunos medios de comunicación, diversas declaraciones que son la expresión de cierto análisis y perspectiva de hechos del pasado reciente que reivindican lo actuado por la Dictadura.
Desde la Dirección Nacional de Derechos Humanos hemos dudado sobre la pertinencia de dar una respuesta. Porque podría amplificar un discurso que puede haber sido lanzado públicamente como una jugada política y porque es muy fácil quedar atrapado en una lógica de confrontación pautada por la dinámica en la que no importan los contenidos sino la competencia entre los contendientes.
Aún así hemos creído oportuno realizar algunas consideraciones. Fundamentalmente, por dos razones: por lo imperativo que nos resulta no permanecer callados ante algunas afirmaciones o valoraciones que no podemos compartir en absoluto; porque el debate público es también una oportunidad para afirmar los principios de los derechos humanos.
No hay una memoria sobre el pasado, sino memorias en plural. Memorias que implican interpretaciones y valoraciones de hechos y, por tanto, también contienen propuestas sobre cómo debe ser la sociedad en la que vivimos. Por ello la expresión de estas memorias no sólo es un derecho, sino que resulta saludable que se instale en la sociedad un debate que recoja esta pluralidad. Las declaraciones difundidas sobre las violaciones a los derechos humanos, significan interpretaciones y las valoraciones que son parte también parte de esta pluralidad de memorias.
Esto no implica, sin embargo, compartir o aún aceptar como válidas cualesquiera afirmaciones sobre el pasado reciente, en base a una legítima pluralidad de memorias. Esos discursos son portadores de valores y de un proyecto de sociedad que cuestionan la institucionalidad democrática y el marco ético de los derechos humanos. Responder a ellos es un imperativo, porque es necesario reafirmar los valores de la democracia y los derechos humanos y defender la institucionalidad en la que se concretan. Responder es también una forma de intentar transformar al otro, por difícil que parezca, y avanzar en una construcción colectiva de la memoria.
Es inadmisible como valor que conlleva un proyecto de sociedad, que se considere que la desaparición forzada es una institución legítima para no entorpecer la inversión extranjera y el turismo, o que la tortura es una institución válida para obtener información necesaria en el marco de una política de defensa o de seguridad ciudadana, ni en ese contexto ni nunca. No se trata sólo de interpretaciones del pasado, sino que conllevan una propuesta de institucionalidad para el presente y el futuro.
No es admisible que se justifique la violación de los derechos humanos porque fueron pocas las víctimas. Justamente, los derechos humanos garantizan la defensa de la dignidad de cada una de las personas y le ponen un límite incluso a lo que las mayorías o las autoridades pueden decidir. Precisamente por ello fue necesario un descaecimiento del Estado de Derecho para que ocurrieran las violaciones a los derechos humanos.
No es admisible que se desconozca la actuación de la Justicia en el juzgamiento de los crímenes y las violaciones de los derechos humanos cometidos por los agentes del Estado. Las víctimas, incluidos los familiares de las víctimas directas, tienen derecho a una reparación que incluye conocer la verdad, el juicio a los culpables y las medidas de diversa índole que garantice que se eliminen las causas en el marco de las cuales ocurrieron sus casos concretos. La ausencia de esta reparación tiende a institucionalizar las condiciones para la reproducción de las violaciones.
En definitiva, la expresión de la pluralidad de las memorias habla del debate sobre la institucionalidad que nos damos como sociedad. Seguramente la convicción en los valores democráticos y de los derechos humanos está arraigada en la mayoría de la población, pero existen visiones discrepantes. Aceptar el derecho a la expresión de estas visiones no significa reconocer legitimidad a los valores o los proyectos de sociedad que conllevan, muy por el contrario, nos obliga a enfrentarnos a ellos reafirmando los valores de los derechos humanos y nuestro compromiso con la defensa de la institucionalidad democrática.
Dirección Nacional de Derechos Humanos
Ministerio de Educación y Cultura.
1 de febrero de 2011.
