Comunicado

Ante los hechos de pública notoriedad, la Dirección General de Registro Civil pone en vuestro conocimiento:

La ley nº 13426 en su artículo 82 otorga la facultad a la Dirección General del Registro de Estado Civil a inscribir los documentos debidamente legalizados que certifiquen actos y hechos de estado civil, como nacimientos, matrimonios, divorcios y reconocimientos ocurridos en el extranjero.

La función del Registro Civil en este sentido es controlar la cadena de legalizaciones de firmas, esto es el visado del consulado uruguayo en el país de origen del documento y la legalización del Ministerio de Relaciones Exteriores en el Uruguay. Es decir, para que el documento sea inscribible debe además contener los datos respectivos a un acto o hecho relativo al estado civil y las firmas de las autoridades que emiten el documento que se legaliza.-

La Dirección General no posee los elementos para corrobar la legitimidad del contenido o la veracidad de los documentos presentados, presumiéndose la misma a partir de la legalización. Su función es controlar las firmas de los emisores correspondientes (Cónsules del lugar de emisión del documento y Oficina de Asuntos Consulares de Cancillería en Montevideo).-

Por ello y relativo a los hechos de reciente notoriedad, en función de las noticias difundidas, se indica que la presentación de un documento, que a la postre se determine su falsedad, no implica que los funcionarios del Registro Civil están involucrados a priori en la falsificación de documentos extranjeros. La participación de los mismos es en el procedimiento de inscripción ordenado por ley controlando la cadena de legalización tanto de la información que contiene el acta original presentada como de las firmas.

Es de destacar que para el esclarecimiento de los hechos acaecidos los funcionarios han tenido una actitud de colaboración con las autoridades, tanto jerárquicas como de INTERPOL. Es menester aclarar que de las investigaciones y de la actuación del juzgado competente resultó procesado un funcionario en tanto que la Escribana aludida por la prensa, habiéndose comprobado su inocencia, fue exonerada en forma definitiva.

La Dirección General de Registro Civil, a partir de lo denunciado, realizará un análisis de los expedientes ingresados durante el año 2011 y lo que va del 2012 para evaluar si existieren casos similares y en consecuencia solicitar su anulación a la justicia competente.