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Es la encargada, entre otros cometidos, de realizar un relevamiento de la situación del Estado en materia de juicios, para contar con un diagnóstico completo, discriminado y sistematizado de su actuación en materia litigiosa.
A su vez, coordina con distintas unidades ejecutoras y servicios ministeriales relacionados con los cometidos del Ministerio de Educación y Cultura, vinculados a temas constitucionales, legales y registrales; por ejemplo, entre otros, con Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación, Procuraduría General del Estado en lo Contencioso Administrativo y Fiscalías de Gobierno.
Tiene a su cargo la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional y Mercosur, de la cual depende a su vez, la Asesoría Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional.
Cuenta además con el Espacio de Estudios Normativos, cuya finalidad es generar un ámbito de reflexión jurídica que permita, en tal medida, proponer los ajustes y/o modificaciones dispositivas que se estimen necesarias.
En definitiva, se trata de coordinar institucionalmente los organismos vinculados a los asuntos jurídicos de competencia de esta Secretaría de Estado, analizar la realidad litigiosa del Estado y, en la medida de lo posible, mejorar la gestión de sus intereses y el fortalecimiento del Estado de Derecho.